El número cinco se ha vuelto cabalístico para Alessandro Dijacob. Fue esa la cantidad de años que tuvo que esperar para actualizar la tronzadora de su empresa. La vieja aún funcionaba, pero con lentitud y fallas que atrasaban la producción. 5% mensual de las ganancias era apartado para la reinversión que fue posible en 2007, cuando las cinco líneas de manufactura para fabricar autopartes estaban a 100% con una larga lista de pedidos de las cinco ensambladoras de vehículos instaladas en el país. Pero en mayo de este año (el mes cinco) solo le bastaron cinco minutos para tomar una decisión. El nuevo incremento salarial, decretado en ese momento por el Ejecutivo, lo obligó a vender por cinco millones de bolívares la máquina que tanto le costó comprar.
No tuvo otra opción. Con un flujo de caja cada vez más negativo no podía asumir el segundo aumento de sueldo en dos meses. Se trataba de 50% más que debía pagar en nómina mientras los niveles de producción pasaban de 30% a 10% de su capacidad instalada. Eran cálculos letales que se replicaban en cada una de las 644 pequeñas y medianas industrias (pymi) de la región.
Dijacob prefirió vender la tronzadora que tenía ya más de un año sin ser encendida que endeudarse. Sabe de otros empresarios con créditos bancarios, de los que se usaban en el pasado para reinvertir, solo para poder cancelar a su personal. Él evitó eso de cualquier manera, y con los cinco millones de bolívares que recibió pudo sobrevivir tres meses más.
En septiembre la crisis en la planta se agudizó. Otro aumento salarial fue decretado como un logro del Gobierno pero solo daba saldos negativos al sector industrial. No quiso salir de otra maquinaria para no descapitalizarse y tomó el camino más doloroso: La reducción de nómina. Tuvo que pensarlo una y otra vez. Prefirió no hacer una lista de nombres de trabajadores. Conversó con cada uno de ellos, eran 44 y debía prescindir de al menos la mitad para poder seguir con la compañía operativa. Logró negociar y reducir 55% la nómina. “Afortunadamente ellos entienden que no tenemos los ingresos para seguir manteniéndolos”.
Treinta mil empleos, equivalentes a 70% de la formalidad en la región, siguen en riesgo. Un porcentaje importante se ha perdido de acuerdo a Jonatan Aldana, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos de Carabobo (Capemiac), quien explicó que se ha acordado la salida de parte de la nómina de varias compañías y que esos cargos siguen vacantes, mientras que más de 50% de quienes han salido de las empresas se han dedicado a la economía informal. Leer más:
Fuente El Carabobeño
