La Confederación Venezolana de Industriales -Conindustria-, hace público su rechazo a los lamentables hechos ocurridos en el país desde el pasado 7 de marzo de 2019, fecha a partir de la cual, la mayor parte del territorio nacional quedó sin suministro eléctrico por varios días, situación ésta sin precedentes en la historia de Venezuela.
Diversos fueron los llamados de alerta sobre el colapso del sistema eléctrico nacional. Destacados especialistas manifestaron, en reiteradas oportunidades, el estado de total abandono, en razón de que esta industria -estatizada y administrada por el régimen imperante desde hace varios años- ha acusado múltiples manifestaciones de mala administración, manejo inadecuado, falta de inversión real en todas sus áreas, obsolescencia e ineficaz mantenimiento preventivo, tanto en generación y en transmisión, así como en la distribución de la electricidad.
A lo largo de todo este período, se han erogado incuantificables recursos, extraídos del erario público, con la promesa de tener “la mejor empresa eléctrica del mundo”. Sobre el destino de este dinero pesan innumerables denuncias de malversación. Quizá se trataría del mayor desfalco del cual se tenga conocimiento en Venezuela. Miles de millones de dólares se destinaron para modernizar nuestra infraestructura eléctrica. De ello, no hubo rendición de cuentas, ni acciones visibles y efectivas para evitar el colapso del sistema.
A la fecha y, luego de transcurridos más de diez días de esta falla catastrófica, aún NO hay justificación técnica alguna por parte de quienes administran tan vital servicio: tan sólo una explicación “de sabotaje”, con términos casi infantiles, que ofenden la inteligencia de los ciudadanos, por cuanto se traduce en declaraciones fútiles e insolentes, sobre una lamentable situación que cobró la vida de venezolanos en centros de salud, ante la imposibilidad de ofrecerles atención médica inmediata por carecer de plantas eléctricas e insumos necesarios.
De igual manera, en el caso de la industria manufacturera, fueron días aciagos, en los cuales se registraron pérdidas en la producción de alimentos e insumos básicos para la población, de activos para las empresas y el comercio, y de días de vida para todo un país.
La falta de electricidad y su consecuencia en la falla de suministro de agua potable, así como el impacto en dejar inoperantes muchos de los equipos de comunicaciones en el país, en ausencia de un responsable claro que explicase cómo y cuándo se restablecería el servicio eléctrico, crearon, justificadamente, alarma y temor en la población.
En estos momentos de desasosiego colectivo es cuando se requiere de un gobierno organizado y responsable, con planes establecidos para informar y acompañar a la población; así como para controlar y contener actos vandálicos y delictivos, conforme lo establece el artículo 55 de nuestra Constitución. Sin embargo, Venezuela carece de un gobierno con las características señaladas.
Los saqueos, el vandalismo y los actos delictivos que se han venido produciendo en distintas regiones del país, pero muy especialmente en el estado Zulia, se sucedieron, en algunos casos, ante la mirada indolente y permisiva de los cuerpos de seguridad del Estado, cuya razón de ser, contrariamente, es la de mantener el orden público, así como resguardar y proteger a los ciudadanos y sus bienes, pero que en la realidad son manipulados para servir al propósito de la represión política. En otros casos se observó cómo las autoridades fueron sobrepasadas por grupos armados que sembraron la violencia y el caos.
Más de veinte empresas, principalmente del sector agroindustrial, pero también del sector farmacéutico y de transformación de plástico, han sido saqueadas y sus instalaciones destruidas total o parcialmente. Cientos de empresas comerciales, incluyendo abastos y farmacias, así como todo tipo de comercios, hasta hoteles, han sido vandalizadas.
Conindustria, como organización gremial que forma parte de la sociedad, condena enérgicamente la actuación de aquellos “conciudadanos” que desenfrenadamente se dieron a la lamentable tarea de devastar empresas que elaboran productos que les sirven a ellos mismos y a millones de venezolanos. Su proceder delincuencial ha causado la ruina económica y social de las familias cuyas vidas estaban atadas a esas empresas, tanto en su condición de dueños, como de trabajadores.
Venezuela es hoy, un estado fallido, sin una autoridad legítima en el poder ejecutivo, incapaz de suministrar debidamente servicios básicos y calidad de vida para sus habitantes; así como de mantener la seguridad e integridad del territorio nacional. Ese, es el legado del llamado “Socialismo del Siglo 21”: un régimen de oscuridad.
La urgente y necesaria restitución de la República, la reconstrucción de la institucionalidad, la debida separación de poderes, el regreso al debido proceso, la instrumentación del Plan País y la industrialización, como parte relevante del sustento de la economía, son vitales para que los venezolanos recuperemos la posibilidad de vivir en nuestra Venezuela.
