Las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela han aprobado vía Asamblea Nacional Constituyente la llamada “Ley Antibloqueo”, instrumento jurídico que, lejos de apoyar el resurgimiento del aparato productivo nacional, está divorciado de la difícil realidad que enfrenta la industria manufacturera nacional.
Desde Conindustria, y en total apego a la defensa de los intereses de nuestros afiliados, manifestamos nuestro más categórico rechazo a este dispositivo jurídico que contraviene de manera expresa nuestra Constitución y obvia todos los pasos necesarios para que el mismo revista de la legalidad requerida.
La discrecionalidad se impone en esta “Ley” que fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que no está revestida de la potestad necesaria para ejercer funciones legislativas en ese ámbito.
Esta “Ley” confiere a las autoridades facultades muy superiores a las ya adjudicadas por vía de Estado de Excepción por Emergencia Económica, bajo la justificación de que es necesaria para contrarrestar los efectos de las llamadas “sanciones”.
Entre los objetivos descritos en el citado instrumento jurídico, resalta el de “(ii) Favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y elevar el nivel de vida de la población”.
Como gremio representante de más del 80% de la industria manufacturera nacional señalamos que tal objetivo luce totalmente distanciado de las causas que han originado la realidad actual de crisis. Durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna.
Los derechos del sector privado nacional son constantemente conculcados por estas disposiciones y la llamada “Ley Antibloqueo” se constituye en una muestra más de lo aquí señalado. Somos un país cada vez más pobre, con una población sumida en la más absoluta de las miserias y con un cementerio de empresas, sin la más mínima posibilidad de seguir aportando empleos dignos y calidad de vida para los habitantes de esta nación.
Por otra parte, la “Ley” faculta el ejercicio de un poder ilimitado, saltándose todas las vías y canales regulares que suponen sus límites y controles, poniéndose por encima del ordenamiento jurídico vigente, el cual puede incluso ser inaplicado discrecionalmente. Debido a ello, levantamos nuestras voces de alerta y protesta ante esta nueva arremetida en contra del Estado de Derecho, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Preocupa también que en el marco legal recientemente aprobado, se pretenda, sin procesos de transparencia, la “reprivatización” de empresas que, en su oportunidad, fueron expropiadas o expoliadas, condenando las mismas a su paralización y posterior cierre, bajo un mecanismo de total opacidad y sin respeto a los derechos de defensa de la propiedad de sus legítimos dueños.
Por todas estas razones, invocamos la nulidad de la citada “Ley”, en virtud de que los actos de ejecución de la misma podrían resultar lesivos para la nación y en especial para las empresas nacionales, ya que no contribuyen a generar, en modo alguno, la necesaria confianza para que los inversionistas vean a nuestro país como un destino seguro para sus capitales. Con su aprobación, se da una estocada más a la libertad económica en Venezuela
La propiedad privada sigue estando en peligro de extinción. Y con ella los sueños de millones de ciudadanos que tienen en el sector privado, especialmente en la industria, su principal y única fuente de sustento. Como venezolanos y como empresarios, nos preocupa el destino de este país y el de sus habitantes.
Acciones de este tipo no nos amilanarán, ni mucho menos revertirán las esperanzas de quienes nos atrevemos a continuar soñando con una nación próspera y productiva, para lo cual seguiremos luchando por la conquista de libertades económicas, el impulso al emprendimiento y la búsqueda de una mejor calidad de vida y bienestar para los venezolanos.
GCI / 19.10.2020
