MENSAJE DE FIN DE AÑO
Industria venezolana sumergida en la mayor y más violenta
destrucción de su historia
Estamos finalizando el 2018, y es momento oportuno para hacer una reflexión acerca del comportamiento del sector industrial venezolano a la luz de las políticas macroeconómicas del Ejecutivo Nacional y de sus principales actores políticos.
Culmina este periodo con resultados catastróficos que han impactado negativamente a toda la estructura del aparato productivo. Ha sido un año caracterizado por la mayor y más violenta destrucción económica y social, causada por un sistema de gobierno rechazado por la mayoría de la población. La tristeza y la desesperanza se han instalado en los hogares venezolanos, en millones de familias, y por ende en los sectores productivos del país.
El sector manufacturero, otrora ejemplo de constancia, desarrollo e innovación en nuestro continente, ha visto mermada su actividad en cifras realmente alarmantes. Sólo permanece activo el 20% del total del parque industrial. De éste, el 45% trabaja por debajo del 20% de su capacidad, y las expectativas de cierre de un mayor número de empresas, son muy altas. Se prevé que continúe el deterioro.
Como consecuencia de medidas erráticas en el orden económico y social, el sector ha dejado de proveer empleos directos e indirectos para más de 1 millón y medio de conciudadanos. La suerte de “políticas públicas” impuestas por el Ejecutivo, han generado un proceso hiperinflacionario que ha destruido el bolívar, nuestra moneda nacional. Venezuela sigue empobreciéndose.
“Políticas fiscales” depredadoras, entre ellas el cobro de impuestos sobre transacciones no realizadas, sumadas a un conjunto de controles que imposibilitan la operatividad de las fábricas, han causado la contracción ininterrumpida de la economía. El PIB ha caído en más del 50% en los últimos 4 años. Es por ello que Venezuela, es hoy un Estado incapaz de garantizar servicios esenciales y básicos para sus habitantes.
Lo anterior se traduce, además, en uno de los procesos de destrucción económica y social más violentos de los que se tenga conocimiento en la historia de la humanidad, sobre todo para un país como Venezuela, que no ha pasado por guerras o catástrofes naturales de gran envergadura.
Las cifras que dan cuenta de los indicadores sociales son cada vez más preocupantes. La última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -Encovi-, desarrollada por tres de las principales universidades del país (Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y Universidad Católica Andrés Bello), arrojó que el 87% de los venezolanos se encuentran en la línea de pobreza por ingresos.
Buscando mejores condiciones de vida que les permitan satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia, se estima que cerca de 4 millones de venezolanos han emigrado (15% de la población aproximadamente).
En este contexto, la ausencia de institucionalidad, de separación y respeto entre poderes del Estado y las políticas económicas orientadas a la sumisión política de los ciudadanos, signan la vida nacional.
Con la finalidad de dar continuidad al actual Presidente de la República, y de manera inconstitucional, el gobierno convocó elecciones para designar a la Asamblea Nacional Constituyente -ANC-, ente que, aunque no fue reconocido por la mayoría de los venezolanos ni por un gran número de países hemisféricos, despojó a la Asamblea Nacional de buena parte de sus funciones.
Posteriormente, esta ANC, de forma arbitraria, convocó elecciones presidenciales para “relegitimar” en el poder al actual mandatario nacional, quien írritamente extenderá sus funciones desde el 10 de enero de 2019 hasta el año 2025.
Venezuela necesita regresar a la senda constitucional y de legitimidad de los integrantes de los poderes públicos, a través de elecciones libres y transparentes, auditables por instituciones de la comunidad internacional, y supervisadas por los países signatarios de la OEA y de la Unión Europea.
La presión diplomática, judicial y política que ejerzan los gobiernos de países históricamente relacionados con Venezuela es fundamental, por lo cual exhortamos a los ciudadanos de estas naciones a que conminen a sus gobiernos a sostener su preocupación y acciones.
La situación política y económica de las naciones atraviesa procesos cíclicos y el estado actual de Venezuela puede ser el de otro país a futuro. Ante ello, hacemos un llamado a la comunidad industrial latinoamericana y mundial para que respalden esta cruzada que hemos decidido emprender para seguir dando visibilidad a las terribles condiciones del país y, en este caso específico, a la de su tejido industrial, la cual ha traído consecuencias nefastas para nuestro sector y sus trabajadores.
La sociedad venezolana organizada ha construido planes consensuados por muchos para la rehabilitación del país; planes en los cuales la legítima Asamblea Nacional debe sentar el marco legislativo para la transformación, mediante el sustento de un proceso de rescate de la senda constitucional.
La recuperación de Venezuela traerá la reversión de la crisis humanitaria que vivimos, devolverá la normalidad a sus ciudadanos y permitirá el tránsito hacia nuestro progreso material y espiritual, posibilitando, no sólo detener el éxodo, sino, en alguna medida, revertir la diáspora. Venezuela regresará a ser un país de paz, de estabilidad regional y un apetecible socio comercial.
La gran mayoría de los venezolanos somos gente de bien, cuyos valores y principios nos permitirán construir un nuevo país, una vez restablecidas la constitucionalidad y la legalidad perdidas.
